Tulsi Gabbard revoca autorizaciones de seguridad a exfuncionarios en medida considerada retaliación política
La reciente decisión de Tulsi Gabbard de revocar autorizaciones de seguridad a exfuncionarios genera controversia y cuestiona la estabilidad política en EE. UU.
La Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, anunció el lunes que ha revocado las autorizaciones de seguridad de varios exfuncionarios de seguridad nacional, entre los que se incluyen a Anthony Blinken, exsecretario de Estado, y Mark Zaid, abogado de un denunciante. Esta medida es vista como un ejemplo más del uso sin precedentes que la administración de Trump ha hecho de las autorizaciones de seguridad para atacar a adversarios políticos.
La decisión de Gabbard sigue a un decreto ejecutivo emitido por el presidente Donald Trump poco después de su toma de posesión, que ordenaba la revocación de las autorizaciones de seguridad para 49 exfuncionarios que habían firmado una carta sugiriendo que Rusia pudo haber influido en las acusaciones sobre Hunter Biden durante la campaña del 2020.
En la orden ejecutiva, Trump acusó a los firmantes de haber realizado una "coordinación política engañosa e inapropiada" con la campaña presidencial de Joe Biden. También se exigió una revisión de las autorizaciones de otros que hubieran estado involucrados en "actividades inapropiadas" relacionadas con la carta. Los exfuncionarios han negado repetidamente las afirmaciones de Trump.
Entre las revocaciones, se incluyen las autorizaciones de Blinken, Jake Sullivan, exasesor de seguridad nacional, y Lisa Monaco, quien supervisó las acusaciones contra los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. Gabbard también confirmó que la práctica de compartir el informe diario de inteligencia con el presidente Biden se suspenderá, una tradición que ha existido durante años.
Además, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien logró una sentencia civil contra Trump el año pasado por fraude, y Alvin Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan que obtuvo una condena contra Trump, también se quedaron sin autorización de seguridad. Mark Zaid, quien representó a un denunciante en un caso que desencadenó el primer juicio político contra Trump, calificó la revocación de su autorización como una clara retaliación política, destacando que ha tenido una autorización de seguridad durante casi 25 años.
Expertos advierten que estas acciones pueden obstaculizar la capacidad del gobierno para manejar amenazas globales al limitar el acceso a la experiencia de exfuncionarios en asuntos críticos. Un exfuncionario de seguridad nacional comentó que la decisión afectará la capacidad de la administración para consultar con sus predecesores durante tiempos de crisis, privando al gobierno de una valiosa fuente de conocimiento y experiencia que podrían haber sido esenciales en la gestión de amenazas serias y continuas.